un alcalde imputado?

El juez encargado de la instrución del caso de los aparcamiento ha dictado auto de imputación contra Diaz Alperi, Sonia Castedo, Luis Cncepción, un técnico municipal y el representante de la empresa de Ortiz e hijos.Junto a Mercalicante, este es el segundo caso en el que Alperi resuta imputado.
La reaccón del alcalde, de su equipo de gobierno y de todo el partido popular de Alicante ha sido pasividad absoluta, el silencio como única respuesta o directamene la mofa del propio alcalde al cual, junto a Enriquz Ortiz, le hace mucha gracia la denuncia del fiscal y su imputación posterior por parte del juez.A pesar de ello, lo cierto es que las acusaciones del fiscal son realmente sólidas y nos podemos encontrar en el futuro con un alcalde, dos concejales, un técnico municipal y el representante de la empresa Ortiz e Hijos condenados por prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, apropiación indevida y malversación.En su denuncia de más de un centenar de folios, Briones advierte al juez de que en el informe elaborado por Tráfico y que justificó la aprobación de parte de las modificaciones propuestas por la concesionaria de los parking se “falsificaron los presupuestos”. Según se desprende del informe de la fiscalía el técnico que firma el informe, Antonio Escobedo, utiliza cantidades que no coinciden con las aprobadas por el pleno para calcular el porcentaje del sobrecoste. Según el fiscal con las cifras correctas se supera “sobradamente” el máximo permitido por la ley.Según se desprende de la investigación de la fiscalía, el alcalde de Alicante, como máxima autoridad, ignoró hasta tres informes municipales, de la dirección facultativa de la obra y de Hacienda y de Contratación, que advertían que las modificaciones y sobrecostes propuestos por el concesionario no estaban justificados.Los técnicos redactaron incluso la propuesta de acuerdo rechazando las pretensiones del concesionario para que fuera llevado y aprobado por el pleno municipal. El documento debía ser firmado por la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, y elevado al pleno. Pero nunca se firmó ni se tramitó. Castedo reconocería en una declaración ante el fiscal que olvidó la existencia de esa propuesta de acuerdo. Lo que sí se hace es sustituir a la dirección de la obra, contraria a las modificaciones y nombrar a otro técnico director de las obras. Antonio Escobedo redactó un mes después de su nombramiento un informe en el que justifica los cambios propuestos y autoriza un sobrecoste de 2,8 millones de euros en la construcción de los tres aparcamientos. Catorce días después del informe, la Junta Local de Gobierno aprobó el sobrecoste solicitado por la concesionaria.
El código ético del Partido Popular es claro al decir que cuando un cargo público es imputado en una causa debe dimitir. Sin embargo debe existir una clausula de excepción para Alperi ya que no solo no dimite sino que además se le unge como futuro candidato a la reelección por parte del Partido Popular.
¿Porque no dimiten el Sr. Alperi y sus concejales imputados? ¿a que se debe el trato de favor denunciado por el fiscal con respecto a Enrique Ortiz? ¿que une a Ortiz con Alperi y Castedo? ¿por qué tanto silencio sobre el tema? ¿porque no se explican con argumentos sólidos? Estas entre otras son las preguntas que se hacen los ciudadanos de Alicante.