
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante amplió ayer su denuncia sobre la presunta gestión irregular en la piscina del barrio de Florida-Babel, tras presentar a la Fiscalía unas facturas de la adjudicataria con fecha anterior a la obtención de la concesión. El concejal socialista José Vicente Ronda compareció en la Fiscalía de Alicante para ratificar su denuncia, en la que implica al Patronato Municipal de Deportes, presentada el pasado 28 de noviembre, por los presuntos delitos de fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros, en relación con la contrata de explotación de esa piscina.El documento no va dirigido contra nadie en particular. De hecho, el fiscal encargado del caso preguntó ayer al propio concejal si denunciaba a alguien por los hechos descritos en el documento. Ronda ratificó que no hay una acusación contra nadie. «Tendría que ser contra varias personas, incluidas los integrantes del Patronato Municipal de Deportes que aprobaron con sus votos determinados acuerdos», explica Ronda a este diario. Según los socialistas, el presunto fraude podría ascender a casi 400.000 euros.En declaraciones posteriores a los periodistas, el concejal socialista, que fue a la Fiscalía acompañado por el portavoz de su grupo, Manuel de Barros, explicó que había ampliado su denuncia con la presentación de unas presuntas facturas de la adjudicataria de la gestión de la piscina de Babel, Sport Ocio 2010, SAL, con fecha anterior a la obtención de la concesión, con lo que, a su juicio, el proceso de adjudicación habría sido «ilegal». Estas presuntas facturas demuestran que la mercantil «ya estaba facturando antes de la adjudicación», según afirma Ronda.Indicó que, aunque la adjudicación a la empresa se realizó en junio del 2000, las supuestas facturas están fechadas en enero y febrero de ese año, si bien habrían sido liquidadas tras finalizar la concesión, dentro del «montante de gastos de la empresa».Concretó que el concepto de esas facturas corresponde a un «rótulo luminoso con las palabras Sport Ocio 2010», y sostuvo que la fecha «da a entender que la adjudicación incurrió en una presunta ilegalidad».A este respecto, el abogado de Ronda, David Servando, opinó que las facturas «hacen pensar que la adjudicación ya estaba pensada de antemano y que, por consiguiente, habría habido una preadjudicación».En su denuncia inicial, el PSPV- PSOE sostiene también que la adjudicataria para la gestión y explotación de la piscina comunicó al Patronato Municipal de Deportes en el 2001, un año después de la adjudicación, la necesidad de ejecutar obras de mejora. Los costes de esos trabajos, consistentes en la remodelación de la zona de vestuarios y playa por un montante de 32.000 euros, fueron sufragados por el Consistorio mediante una prórroga, al parecer sin justificación, de un año, tres meses y veintiséis días para la gestión de la piscina.Los socialistas alegan que, de acuerdo con la licitación, entre las obligaciones de la concesionaria estaban mantener y reparar las instalaciones, además de asumir los gastos derivados de su explotación, incluido la luz, el agua y el gas. Además, la denuncia recoge una presunta defraudación en fluido eléctrico, por valor de 134.000 euros Según Ronda, el fiscal citará ahora a los diferentes técnicos que realizaron los informes sobre el proceso.